Espíritu Emprendedor TES 2025, Vol 9, No. 1 enero a marzo 29-52
Artículo Científico
Indexada Latindex Catálogo 2.0
ISSN 2602-8093
DOI: 10.33970/eetes.v9.n1.2025.416
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International (CC BY-NC 4.0) Revista Trimestral del Instituto Superior Universitario Espíritu Santo
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la participación pública, incrementar la eficiencia y productividad interna, reducir la
carga de TI con tecnologías basadas en la nube, promover una mejor colaboración entre
departamentos, reducir costos laborales y fomentar la innovación (Fernandez, 2006).
Es crucial que las organizaciones migren de servicios tradicionales a digitales, ya
que esto no solo facilita el acceso a los usuarios, sino que también aporta beneficios
adicionales significativos. Al liberarse de limitaciones como la dependencia de líneas
telefónicas o servicios de escritorio, los empleados del gobierno pueden centrarse en
iniciativas estratégicas más amplias. Por ejemplo, pueden dedicar tiempo a optimizar los
procesos de adquisición y aprobación, mejorar la interacción con los ciudadanos,
agilizar los procesos centrales y adoptar estándares tecnológicos (Robledo, 2006).
Perú se unió al Programa de Países de la OCDE en 2014, lo que impulsó un
estudio integral realizado en 2016 sobre el estado actual del Gobierno Digital Peruano.
Este análisis dio lugar a recomendaciones basadas en las mejores prácticas observadas
en otros países miembros. Como resultado, se promulgó el Decreto Legislativo 1412
(2018), que marcó un hito al establecer la Ley del Gobierno Digital del Estado Peruano.
Esta legislación representa un paso significativo hacia la modernización del país al
adoptar un enfoque innovador y renovado del Gobierno Digital (DG), enfocado en
integrar activamente a los ciudadanos en la provisión de nuevos y mejorados servicios
digitales. Este proceso no solo refleja una transformación digital efectiva en las
entidades gubernamentales peruanas, sino que también busca mejorar la eficiencia, la
transparencia y la accesibilidad de los servicios públicos para todos los ciudadanos.
Según las recientes recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Estrategias
de Gobierno Digital (ECLAC, 2024), el gobierno digital se define como el uso
estratégico de tecnologías digitales en los esfuerzos de modernización gubernamental
para crear valor público. Esta definición destaca la importancia de un ecosistema de
gobierno digital que incluya múltiples actores, como entidades estatales, organizaciones
no gubernamentales, empresas, asociaciones ciudadanas y proveedores de datos,
servicios y contenidos. Todos estos elementos interactúan de manera colaborativa con el
gobierno para mejorar la accesibilidad y eficiencia de los servicios públicos a través de
plataformas digitales.